LAS LEYES EDUCATIVAS VOTADAS ESTA SEMANA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ENCIERRAN PARADOJAS Y CONTRADICCIONES.
Por un lado, el ex ministro de educación de Macri presentó un proyecto anti derechos sindicales bajo el eufemismo de declarar servicio esencial la educación.
Por otro lado, con acuerdo del radicalismo que se había negado a tratarlo en mayo y el bloque de unión por la patria se votó afirmativamente el proyecto que repara en parte el deterioro presupuestario y salarial que el gobierno nacional infrigió al sistema universitario.
Ambos proyectos corresponden a rumbos opuestos.
En el primer caso un título auspicioso impone a la educación el carácter de un servicio y no la concibe como un derecho ciudadano. Su propósito es disminuir la capacidad de protesta y quitar las herramientas instituidas en la propia Constitución Nacional por la que juraron en la asunción de sus cargos los legisladores. En este sentido, el pro, los libertos y buena parte del radicalismo representan una postura antisindical. Es decir, anti lucha colectiva y organizada, algo que comparten con otras expresiones gorilas que disputan la representación de los y las trabajadores.
Si acaso entendieran que la educación es esencial debieran haber fijado un piso presupuestario que garantice las condiciones edilicias, de equipamiento, de complementariedad de los ingresos de las familias de los y las estudiantes y, por supuesto, del salario de quienes ejercen la docencia y los auxilian en los establecimientos. Por caso, un salario de base que duplique la canasta básica que calcula el INDEC, por ejemplo.
La otra ley, la de financiamiento de las universidades va en la linea opuesta, aunque no es suficiente, es reparadora y va en sintonía con la lucha del Frente Sindical Universitario y, la unidad que construyó la comunidad universitaria con el CIN y la FUA, el apoyo de las centrales obreras CGT y CTA y otras organizaciones sociales que se expresaron a través de paros nacionales y la gran marcha del 23 de abril.
La primera es un ataque artero a las organizaciones sindicales, la segunda revela la importancia de las organizaciones sindicales en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología y la dignidad del trabajo.
Ambas seguirán su derrotero en el senado, donde probablemente las dos sean ratificadas para luego ser elevadas al poder ejecutivo.
El gobierno podrá reglamentarlas o vetarlas, obviamente ya anunció que va a vetar la segunda.
En tal caso el propio congreso podrá sancionarla definitivamente y obligar a su cumplimiento si en diputados obtiene una mayoría de 2/3 de la cámara.
Por eso el frente sindical se mantiene unido, articulando con el CIN y la FUA las próximas acciones y abonando el camino de la unidad con las confederaciones sindicales y las organizaciones libres del pueblo que también enfrentan los embates políticos de quienes pretenden fragmentar e individuar a la sociedad para rapiñar sus recursos.
