Comunicado de VOCES PARAGUAY, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, se dirige a la opinión pública, nacional e internacional, para expresar su más firme condena.
Al asesinato de compañeros y compañeras periodistas llevadas por bandas criminales vinculadas al narcotráfico, fuerzas publicas, funcionarios de gobierno. El asesinato de Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Román Jara (2000), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2004), Ángela Acosta (2006), Tito Palma (2007), Merardo Romero (2011), Carlos Manuel Artaza (2013), Marcelino Vázquez (2013, Fausto Gabriel Alcaraz (16 de mayo 2014), Edgar Fernández (19 de junio 2014), Pablo Medina y su asistente Antonia Almada (16 de octubre 2014), nuestros compañeros comunicadores comunitarios Salvador Medina (2001) y Martin Ocampos (2009),
se suman a los casi ciento cincuenta dirigentes campesinos asesinados por el sistema de violencia y terror reinstalada en Paraguay pos dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989).
Persecución, hostigamiento, apresamiento y criminalización judicial de luchadores y luchadoras sociales de nuestro país. Algunos hechos siguientes son muestras de ello:
- el 3 de enero 2014 agentes policiales de la comisaria tercera de Asunción agreden brutalmente, detienen y encierran en un calabozo al periodista Paulo López del Periódico digital E’a, despojándolo de su agenda y cámara fotográfica;
- represión policial a trabajadores de prensa del Canal 13 y de Unicanal que cubrían manifestación del movimiento a favor de los derechos de los grupos Lesbi, Gay, Trans, Bi e Intersex (LGTBI), frente a la sede de la Conmebol, en Luque. durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA);
- agosto 2014 el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, y de la corresponsalía del canal Telesur en Paraguay, junto a Carlos Benítez del diario Ultima Hora, y Mario Palacios de la televisora Telesur, fueron golpeados con cortes en la cabeza por agentes policiales durante la movilización de docentes;
- Durante manifestación de la población bañadense (zona baja y ribereña al rio Paraguay en Asunción) frente a la Municipalidad de Asunción, periodistas de Radio TV Nuevo Paraguay y otros trabajadores de medios fueron afectados por la represión policial.
- Intervención, desmantelamiento, criminalización y penalización de dirigentes de radios comunitarias en todo el país a través del Ministerio Publico, la Policía Nacional, el ente CONATEL, incautación y secuestro de equipos propiedad de organizaciones campesinas, ciudadanas, docentes, obreras; además de constituir clara señal de censura y restricción al derecho a la libre expresión y de prensa. Ejemplos de ello son las radios FM Chacarita de Asunción; Kasike de Lambaré, Labrador y Ciudadana de San Lorenzo, Paloma Blanca y Kaakupemi de Capiata, en el departamento Central, Kuruguaty’y y Maracaná de Curuguaty, departamento de Kanindeju; Ovación de Campo 9, Tenonde de Cnel. Oviedo, Ko’ê Poty de Pastoreo y Tembiaporâ en el departamento de Caaguazú; Alto Vera en el departamento de Itapúa, Sembrador de Villa Hayes departamento de Pte. Hayes Además, el decomiso de equipos de radiocomunicación propiedad de organizaciones legales campesinas, ciudadanas, de trabajadores realizadas por organismos del Estado constituyen verdaderos atentados a la propiedad privadas y al estado de derecho.
- La Ley N° 4179/11 modifica y amplia los artículos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley No 642/95 de Telecomunicaciones, cercenando el alcance de las radios comunitarias, a la vez de prohibir el acceso a fondos de apoyo publico-privada para el mantenimiento y operación de las emisoras comunitarias. De esta forma se ataca directamente al funcionamiento y sostenimiento de las radios alternativas no comerciales, al tiempo de privar a la audiencia el derecho de recibir mayor oferta comunicativa.
Cada vez se vuelve mas evidente la voluntad del gobierno del Presidente Horacio Cartes, autodenominado del “nuevo rumbo”, de mantener y fortalecer un régimen social y político arbitrario e injusto de larga data en la sociedad paraguaya, cuyas consecuencias puede verse en la mayor concentración de la tierra por lo menos en la región, el dramático empobrecimiento de la población, la violenta expulsión de la población rural a través de la producción sojera destinada al mercado internacional, un régimen tributario que castiga al sector popular y privilegia a personas particulares y capital multinacional, pésimo servicio público en salud, educción, transporte, y la criminalización de las luchas sociales mediante aplicación de leyes que parecen retornarnos al tiempo de la dictadura stronista como “de perturbación de la paz publica” como son los casos de luchadores como nuestro compañero de la radio comunitaria Tetagua Sapukai de Carayao (Caaguazú) y dirigente del gremio campesino Juan Cristóbal Jiménez, así como 11 pescadores.
POR TODO CUANTO VIENE SUCEDIENDO EN EL PAÍS, VOCES PARAGUAY PROCLAMA Y RECLAMA:
La obligación del Estado paraguayo, y este Gobierno en particular, de adoptar políticas públicas que asegure derechos constitucionales como el acceso en igualdad de oportunidades al espectro electromagnético (art. 30), garantice el pluralismo informativo y la protección de los derechos humanos (art. 27 y 30), el respeto a la dignidad y derechos de las Radios Comunitarias, Educativas, Culturales, Indígenas por su contribución a la democratización de la palabra, la información y la comunicación.
Proclamamos que la comunicación, la información, la expresión y la opinión son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional (artículos 25 al 31) así como normas internacionales obligatorias para el Estado paraguayo (Art. 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos entre otras).
Los Poderes del Estado paraguayo tienen la obligación de adoptar mecanismos que remuevan históricas desigualdades y favorezcan la democratización del acceso y utilización del espectro radioeléctrico conforme al derecho internacional, como a la tendencia desarrollada en la región MERCOSUR y otras regiones del mundo.
Repudiamos la presencia e influencia del crimen organizado en los partidos políticos, instituciones públicas, la económica y diversos sectores de poder, bajo la denominación de NARCOPOLITICA, NARCOGANADERIA, NARCOINDUSTRIA Y COMERCIAL, corrompiendo, imponiendo candidaturas, instalando operadores en instancias de gobierno, violentando leyes, atentando y asesinando vidas humanas entre otras. Son verdaderas maquinarias para delinquir, estafar, mentir, robar y asesinar.
BASTA DE VIOLENCIA, ASESINATOS E INEQUIDAD EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA.
