Organizaciones ambientales, sociales, de DDHH y políticas, difundieron una Carta Abierta por el rechazo a la adhesión al RIGI y la creación del RINI en Entre Ríos
Como entrerrianos queremos expresar a la Cámara de Diputados y Senadores nuestro rechazo al proyecto de ley, girado por el Gobernador, correspondiente al Expediente Nº 27.257 y su respectivo dictamen en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que impulsa la adhesión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el marco de la Ley Nacional 27.742 y a la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Las organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, educativos, científicos y de investigación, culturales, artísticos, sindicatos, movimiento de trabajadores, pequeñas y medianas industrias, comerciantes y pequeños productores rurales y urbanos de Entre Ríos, nucleados en la Coordinadora Provincial contra el RIGI y el RINI, expresamos el rechazo a la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (en adelante RIGI) incluido en la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Nacional No 27.742), como también la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (en adelante RINI), contenidos en el dictamen. En general, el RIGI se trata de un régimen que vulnera manifiestamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental, de derechos humanos y de la gestión democrática de las cuencas y el acceso a sus aguas y del territorio en gral, así como tampoco garantiza la creación genuina de puestos de trabajo o la resolución de problemáticas propias de nuestra provincia. RIGI/RINI: conflicto social, privatización de beneficios y socialización de costos Las áreas comprendidas en el fomento de estos regímenes y los montos necesarios para su implementación dan cuenta que, quienes adhieran y promuevan este régimen, deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias sociales, ambientales, laborales, fiscales y económicas en su implementación y la corresponsabilidad institucional como jurídica, ante semejante decisión de privatizar los beneficios para pocos y socializar los costos a todo el pueblo. De esta manera, enfrentarán las necesidades y anhelos de una amplia mayoría de la población contra los intereses espurios de sectores minoritarios y en su mayoría extranjeros. Por poner solo algunos ejemplos para clarificar, el marco legal del RIGI viola el artículo 41 de la Constitución Nacional; todo principio de "no regresividad en materia ambiental"; Ley General de Ambiente (25.675); Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (27,520); Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25.688), entre otros. Al mismo tiempo, se anularía la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten a los territorios donde habitamos (Acuerdo de Escazú) y otros tratados internacionales a los que Argentina adhiere. En particular, según lo dispuesto en su Capítulo XI- Artículo 224, la legislación invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”, lo que implicaría ceder gran parte de la autonomía de las provincias, en términos políticos, legales y ambientales. Señalamos que esos “términos y condiciones” son una amenaza para el acceso al agua, la gestión racional y sustentable de las cuencas fluviales de nuestra provincia y los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales, por lo que consideramos necesario mantener a nuestras localidades por fuera de sus implicancias y este régimen que beneficia a pocos y perjudica a las grandes mayorías. No podemos dejar de señalar, que esta adhesión de concretarse viola flagrantemente nuestra Constitución Provincial en un sinnúmero de sus artículos.
Además de las frondosas facilidades impositivas y cambiarias que el RIGI y el RINI proponen no sólo para “explotaciones” por venir de los bienes comunes naturales, sino incluso para las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada podría ser considerada nula. Ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso y abuso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias. Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten.
El RIGI establece un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del Ministerio de Seguridad de la Nación, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia que estaremos indudablemente a lo largo y ancho de nuestra provincia defendiendo el territorio contra el RIGI y el RINI. Agravando esta situación, se beneficia a las grandes inversiones, ante reclamos que las involucren, con la posibilidad de apelar a tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país, violando así nuestra soberanía. El articulado del RIGI/RINI flexibiliza las condiciones para las empresas beneficiarias con relación a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y aleja aún más la posibilidad de exigir Evaluaciones de Impactos Acumulativos Vinculantes de sus proyectos.
Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología. No hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI/RINI y la profundización de la degradación socioambiental en una provincia históricamente atravesada por el saqueo y la contaminación.
Por lo tanto, ratificamos nuestra solicitud de rechazo al dictamen de adhesión del RIGI y la creación del RINI, firmado tan solo por siete diputados (SARUBI– FLEITAS– GALLAY– LÓPEZ– PÉREZ– STREITENBERGER– TABORDA), de una comisión integrada por doce, de una cámara de treinta y cuatro. Reafirmamos la continuidad de nuestra lucha en la calle, ante el Poder Judicial y en todas las instancias necesarias, por la defensa del territorio que habitamos.
