En una entrevista reciente, Lula dijo, en referencia al ministro de Comunicaciones, Juscelino Oliveira, acusado de ilegalidades en el uso de recursos públicos, que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Los periodistas no preguntaron y Lula tampoco se refirió a cuándo serán, finalmente, implementados los Canales de la Ciudadanía, una TV digital municipal con cuatro canales abiertos, siendo dos de ellos para uso de la sociedad civil organizada – que derivan de la ley sancionada por el propio presidente en 2006 y reglamentada en el gobierno de Dilma en 2013.
O sea, quedó claro que los asuntos vinculados al denuncismo (práctica que consiste en hacer muchas denuncias), real o no, o los que todavía serán investigados, son más apetitosos para los medios de comunicación que la democratización informativa de la sociedad, discusión que los magnates de la comunicación eluden e interfieren permanentemente.
Es evidente que Lula está gobernando con dos tobilleras, una que opera desde el Banco Central y la otra desde el Parlamento Liberal Golpista. Es, sin dudas, un gobierno con baja inversión pública. Eso genera más dudas todavía sobre por qué el presidente Lula no decide que el ministro de las Comunicaciones, libere inmediatamente los edictos para la instalación de esas TVs municipales conocidas como Canales de la Ciudadanía.
Por otra parte, como registro, recordemos que, durante la campaña electoral de 2022, el presidente recibió de manos del presidente de la TV Comunitaria de Brasilia, el periodista Paulo Miranda, una carta con sugerencias de las TVs comunitarias para el fortalecimiento del flujo de las informaciones, entre las cuales figuraba la implementación de los Canales de la Ciudadanía y que fueron impedidos por el Minicom (Ministerio de Comunicaciones) por determinación de Jair Bolsonaro, más interesado en transferir esos espacios municipales de televisión al evangelismo televisivo de negocios.
Si, por un lado, se puede comprender que el gobierno de Lula no está en condiciones de romper acuerdos parlamentarios, aún los más intragables, resulta más difícil entender por qué el presidente todavía no determinó la instalación de los Canales de la Ciudadanía, con lo cual se comprometió durante la campaña electoral, siendo una medida que no depende de una aprobación parlamentaria ni implica un despilfarro de los escasos recursos de un gobierno obligado a pagar más de 700 billones de reales por año, sólo en concepto de los servicios de la Deuda Pública.
Serán los municipios los responsables de la instalación de los Canales de la Ciudadanía, con desdoblamientos importantes en la generación de más demanda en la industria de equipamientos como en la ampliación del mercado de trabajo, con la contratación de técnicos y comunicadores, sin hablar de lo más relevante: la oxigenación del flujo informativo en una sociedad sometida a una especie de tiranía video-televisiva, en la cual las pautas ligadas a los temas vitales como vivienda, salud, educación y seguridad pública, reciben tratamiento unilateral y precario, ignorando las visiones que vienen de la propia sociedad organizada, ingrediente medular en la organización y funcionamiento de los Canales de la Ciudadanía.
Si el presidente prefiere esperar la resolución de la justicia respecto de las sospechas que se ciernen sobre el ministro de las Comunicaciones, eso se puede entender. Pero que la sociedad se vea privada de los Canales de la Ciudadanía que le permitirían una educación política y ciudadana más elevada sobre los temas neurálgicos de la situación del país hoy, no hay cómo justificar la demora del Palacio de Planalto en atender ese derecho ya conquistado de la sociedad brasilera, consignado en la ley y esperando solamente por la liberación de los edictos por el referido ministro, que depende, obviamente, de una orientación del presidente Lula, autor de la referida Ley 12.485. Sólo tiene motivos democráticos para no demorar más.
Por otra parte, recientemente, el presidente, firmó el Decreto 12.051, autorizando a las emisoras privadas de TV digital, el uso de la multiprogramación, supuestamente para contenidos exclusivamente educativos, pero, inexplicablemente, dejó de lado la orden para que el ministro de las Comunicaciones, simplemente, libere los edictos para los 309 municipios que ya solicitaron autorización para instalar las TVs digitales municipales, los llamados Canales de la Ciudadanía.
Que un ministro, con el perfil del actual, ocupante de la cartera de la Comunicación se interesa más por los caballos que por la democratización de la Televisión, lo sabemos, pero lo que más nos intriga es la demora del presidente Lula en liberar los Canales de la Ciudadanía, pues, cada día que pasa, sólo aumenta la gigantesca deuda informativa-cultural acumulada contra el pueblo brasilero.
Beto Almeida, Consejero de la ABI
Traducido por: Arnulfo Duarte
Fuente: https://monitormercantil.com.br/canais-da-cidadania-a-caneta-de-lula-e-o-ministro-juscelino/
